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La maniobra de Estados Unidos en torno al "trabajo forzoso": convertir sus "normas internas" en derecho internacional

Por DIARIO DEL PUEBLO digital | el 30 de julio de 2026 | 16:40

Por Wang Xigen y Peng Yixuan

Con el pretexto del supuesto "trabajo forzoso", Estados Unidos ha impuesto aranceles adicionales a 60 economías, incluida China, sin demostrar previamente que dichas economías hayan incumplido obligaciones concretas derivadas de tratados internacionales y sin que exista una determinación independiente por parte de ninguna institución internacional. En su lugar, aplica sanciones comerciales basándose únicamente en la valoración unilateral de las autoridades estadounidenses sobre lo que consideran "irrazonable" o "perjudicial para los intereses comerciales de Estados Unidos". El objetivo no es salvaguardar las normas internacionales, sino aprovechar su posición dominante en el mercado y el recurso a los aranceles para presentar sus propias preferencias políticas internas como obligaciones internacionales que otros países deben aceptar, intentando convertir sus "normas internas" en derecho internacional.

La oposición al trabajo forzoso constituye una posición compartida por la comunidad internacional, pero su determinación está sujeta a criterios claros y estrictos establecidos por el derecho internacional. Según el Convenio sobre el Trabajo Forzoso de la Organización Internacional del Trabajo, el trabajo forzoso se define como "todo trabajo o servicio exigido a una persona bajo la amenaza de una pena y para el cual dicha persona no se haya ofrecido voluntariamente". En consecuencia, para determinar si existe trabajo forzoso es imprescindible analizar cada relación laboral concreta, prestando especial atención a la existencia de amenazas o sanciones y al carácter verdaderamente voluntario del trabajo realizado. En cuanto a la forma en que cada país cumple sus obligaciones internacionales en esta materia, corresponde a cada Estado decidirla de manera soberana, conforme a su propio ordenamiento jurídico.

Sin embargo, Estados Unidos ha recurrido a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 para incorporar por la fuerza las cuestiones laborales internacionales al ámbito de su legislación comercial interna. Esta investigación no se centra en hechos concretos relacionados con las condiciones laborales, sino en determinar si las economías afectadas han establecido y "aplicado eficazmente" las prohibiciones de importación que Estados Unidos reconoce unilateralmente, utilizándolas como criterio de evaluación. Incluso si un país ha prohibido plenamente el trabajo forzoso mediante legislación, medidas administrativas y mecanismos de supervisión, seguirá siendo calificado de "irrazonable" por Estados Unidos si el diseño de su sistema no se ajusta a los estándares fijados unilateralmente por Washington, quedando así expuesto a sanciones arancelarias. De este modo, el cumplimiento de las obligaciones internacionales queda sustituido por la obligación de ajustarse a los criterios estadounidenses, mientras que las cuestiones laborales internacionales se convierten en un instrumento al servicio de los intereses comerciales de Estados Unidos.

Desde el inicio de la investigación hasta la fijación de los criterios, la selección de las pruebas, la emisión de las conclusiones y la aplicación de las sanciones, todo el proceso está dirigido por las autoridades administrativas estadounidenses. Estados Unidos establece las normas, interpreta los hechos, dicta las conclusiones y aplica los aranceles, mientras que los demás países solo pueden defenderse dentro del procedimiento diseñado por la propia parte estadounidense. En la práctica, esta supuesta investigación se convierte en un procedimiento administrativo en el que quien fija las reglas es también quien juzga y sanciona. Al presentar su legislación interna como si fueran normas internacionales, excluir cualquier revisión independiente mediante decisiones administrativas y recurrir a sanciones unilaterales en lugar de la negociación entre iguales, Estados Unidos no hace más que revestir de apariencia jurídica una política basada en la imposición de poder.

Esta práctica supone un grave impacto para el sistema multilateral de comercio centrado en la Organización Mundial del Comercio (OMC). El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) establece que, incluso cuando un miembro invoque excepciones generales como la protección de la moral pública para adoptar medidas comerciales, estas no podrán dar lugar a discriminaciones arbitrarias o injustificadas entre países ni constituir restricciones encubiertas al comercio internacional. Asimismo, el artículo 23 del Entendimiento sobre Solución de Diferencias de la OMC dispone que, cuando un miembro considere que otro ha incumplido sus obligaciones o perjudicado los beneficios derivados de los acuerdos de la OMC, deberá recurrir al mecanismo multilateral de solución de controversias, sin adoptar unilateralmente decisiones sobre supuestas infracciones ni aplicar represalias por su cuenta. Sin embargo, Estados Unidos sustituye la revisión multilateral por el criterio de sus propias autoridades administrativas, declara unilateralmente que los sistemas de otros países son "inaceptables" y, acto seguido, impone aranceles adicionales, transformando controversias que deberían resolverse conforme a reglas comunes en decisiones unilaterales tomadas exclusivamente por Washington.

Según los autores, la actuación estadounidense carece tanto de fundamento en el derecho internacional como de base jurídica sólida y contradice además el consenso internacional. Incluso varios de sus aliados han expresado su oposición. Australia calificó la decisión de "completamente injustificada"; Nueva Zelanda señaló que Estados Unidos no había aportado "pruebas significativas" que respaldaran sus acusaciones; Brasil criticó las medidas por arbitrarias y carentes de fundamento y anunció su intención de recurrir a la OMC; la Unión Europea subrayó que la justificación estadounidense no era sostenible; Japón afirmó que sus actividades industriales y comerciales se ajustan a las normas internacionales y que los criterios estadounidenses no pueden aceptarse; y Corea del Sur sostuvo que las conclusiones de Estados Unidos carecen de una base fáctica suficiente y de un análisis adecuado. Estas respuestas ponen de manifiesto que las supuestas "reglas" estadounidenses no han sido fruto de una negociación entre iguales ni cuentan con el reconocimiento generalizado de sus socios comerciales.

El verdadero derecho internacional se fundamenta en la igualdad soberana de los Estados, el consentimiento mutuo y los procedimientos multilaterales. La legislación interna de ningún país puede adquirir automáticamente fuerza jurídica internacional vinculante para los demás únicamente por el hecho de que ese país disponga de un mercado de gran tamaño. Cuando necesita dotar de legitimidad moral a sus actuaciones, Estados Unidos invoca las normas internacionales del trabajo; cuando pretende imponer sanciones, evita recurrir a la Organización Internacional del Trabajo; exige a otros países que respeten las reglas multilaterales, mientras él mismo rechaza someterse a los procedimientos de la OMC. Según los autores, las acciones legales estadounidenses en materia de supuesto "trabajo forzoso" constituyen, en esencia, un intento de situar el derecho interno por encima del derecho internacional, sustituir las normas multilaterales por sanciones unilaterales y establecer un orden hegemónico en el que Estados Unidos fija las reglas, dicta las resoluciones e impone las sanciones, mientras que el resto de países solo puede obedecer. Por ello, concluye, es necesario reconocer la verdadera naturaleza de estas actuaciones, perfeccionar la gobernanza mundial y salvaguardar el orden internacional basado en el Estado de derecho.

(Wang Xigen es director del Instituto de Investigación sobre Derechos Humanos de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong, decano de la Facultad de Derecho de dicha universidad y profesor distinguido del programa Changjiang Scholars; Peng Yixuan es profesora asociada especial de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica de Wuhan).

(Web editor: 周雨, Zhao Jian)

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